El gerente ejecutivo de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, llegó a Arica con la finalidad de zanjar el conflicto en el que ha entrado con la Empresa Portuaria Arica, luego de que la estatal chilena mandatara al concesionario TPA a publicar y aplicar un nuevo régimen tarifario contenido en el último Manual de Servicios vigente desde el 5 de agosto.
Desde entonces, Sánchez ha defendido la idea de que las alzas han sido “arbitrarias”, “no consensuadas” y que no corresponde que la entidad que encabeza sea tratada como un “cliente más”, ya que son el agente aduanero que representa al Estado boliviano.
En entrevista telefónica con PortalPortuario.cl, el funcionario boliviano entregó su visión sobre los acontecimientos dados en los últimos dos meses, descartando deudas pendientes y advirtiendo que espera firmar una cuarta acta que de pie a un incremento de 10%.
“El señor Rodrigo Pinto (gerente general de la EPA) señaló que David Sánchez vino el 23 de septiembre y no suscribió los acuerdos, que vino sin mandato, que no tiene plata y eso es totalmente falso, porque yo he venido no a suscribir descuentos, sino a acordar con la EPA la firma de una nueva acta, trabajar en ello y he venido también a señalar que no tengo deudas, que estoy totalmente al día”, sostuvo.
¿Cómo se llega a este punto de dimes y diretes y una aparente falta de diálogo entre ASP-B y las instituciones del Puerto de Arica?
Nosotros hemos establecido una base de trabajo, tanto jurídico como operativo con base al Tratado de 1904, particularmente, en el tema tarifario y, a través de varias actas, que están firmadas, se habla del tema de tarifas. Esta necesidad de trabajo del tema tarifario ha sido expuesta por la Empresa Portuaria Arica y la ASP-B en varias notas, donde se habla de un incremento del 10,72% para la firma de una cuarta acta, pero después la misma parte de la EPA, a través del ahora gerente (Rodrigo Pinto) y antes asesor jurídico, desconocen ese incremento y lo dejan en suspenso para los próximos años 2016 y 2017, como una base para acordar un tarifario. En ese sentido se han ratificado, a través de las cancillerías, la necesidad de ajustar una tarifa que sea la más conveniente para la parte chilena como para la parte boliviana y es por ello que lo primero que llama la atención es que la misma EPA se descuidó en los años 14 y 15 de cerrar la cuarta acta a tal punto que la misma EPA manda una nota en la que dice que no se aplica y la deja pendiente para las siguientes gestiones, así que este tema siempre ha estado en análisis, pero con esas contradicciones flagrantes y que ahora se están mostrando.
La parte boliviana siempre ha señalado la decisión de analizar la parte tarifaria, incluso ir un poco más allá, homologar algunos otros servicios, coordinar con la EPA y tener un tarifario que sea el mejor para ambas partes.
O sea, según entiendo de sus palabras, ustedes no están en contra de un alza, sino que quieren que sea lo más justa para los intereses de su país…
Dentro del marco de relacionamiento con la Empresa Portuaria Arica, porque esa es la base, digamos, de respeto del Tratado de 1904, sobre todo, porque la EPA y todas las autoridades chilenas han ratificado que el Tratado está vigente y que el Tratado, aparte de garantizar el más amplio y libre tránsito a perpetuidad a Bolivia, le garantiza que las autoridades chilenas entregarán, una vez que haya bajado del buque la carga a la autoridad boliviana en el mismo puerto y, esa autoridad, se llama ASP-B. Entonces, eso es lo que hay que explicar, toda vez que este año llegaron a una decisión que, a partir del 5 de agosto, la base de relacionamiento va a ser con la empresa privada, la concesionaria, la TPA y, en eso, ya marcaba una ruptura en el relacionamiento y nos informaba que ahora había un tarifario, que es el tarifario público del puerto y que hay descuentos a partir de agosto. Eso no lo comprendíamos de parte de la EPA que hacía una referencia de que el relacionamiento dejó de existir en 2013 y que, a partir de 2019, hay otra base de relacionamiento.
¿Por qué les incomoda negociar con TPA que es el que, a la larga, gestiona la operación del puerto?
Esto preocupa, porque la carga que se mueve por Arica es, mayoritariamente, carga boliviana agenciada por la ASP-B que es el agente aduanero que representa al Estado boliviano y que, como repito, son acuerdos que se han suscrito con la EPA. No puede ser que la ASP-B sea entendida como un cliente más y que no exista ya, según estas notas que hemos recibido de la EPA, un trato acordado entre ambos Estados, sino que se transfiera a la empresa privada. Lo otro ha sido que la gente ha quedado confundida, porque la misma EPA ha dicho que hay descuentos que no se están aprovechando que son del 38% que se puede descontar, pero habiendo hecho un análisis, los incrementos sin los descuentos han llegado al 200% y, con los descuentos, el incremento es de 102%, porque hay nuevos servicios que no han sido acordados y, así, lo que hemos venido a hacer es a ofrecer solución con propuestas escritas que las han rechazado y, finalmente, hemos estado el 23 de septiembre para hacer conocer se restablezca este trabajo tarifario y se libere la carga boliviana, porque la relación fue transferida al privado y el privado, aplicando su normativa, si no se paga se detiene y se captura carga, se sanciona y se penaliza como lo vemos ahora.
Cuando Bolivia enarbola cualquier crítica contra el Puerto de Arica siempre alude al Tratado de 1904 ¿Por qué? ¿En qué cree usted que estas nuevas disposiciones de la EPA violan este acuerdo entre Estados, pensando que el mismo establece libre tránsito, pero no gratuidad?
Nunca ha habido gratuidad de los servicios, los servicios se han pagado. Nunca hemos pedido que sean gratuitos los servicios, porque es lo se ha estado manejando y es totalmente tergiversado. Nosotros hemos dado todo compromiso con lo acordado y se han pagado los servicios y lo que se ha tergiversado también desde algunas personas del puerto chileno es que la ASP-B cobra una tarifa al boliviano y paga otra al chileno. Ese es un tema inherente a Bolivia, acordado en 2005. Eso no lo acordé yo, estaba acordado hace tiempo, al definirse una tarifa para el boliviano, porque se entiende que hay gente en el puerto trabajando y se va a acordar tarifas con la parte chilena y nosotros nunca hemos dicho que no estamos abiertos a analizar el tema tarifario que está sujeto a variables, así que se tendrá que tener un poquito de entendimiento de los porcentajes que se vayan a acordar, no de 100% ni de 200%. Nosotros estamos trabajando en un tarifario, nunca hemos deshonrado un pago.
¿La pregunta iba en el sentido de por qué esta situación del alza, aplicada mediante el Manual de Servicios, afectaría el Tratado de 1904.?
Por dos razones. La primera, porque la EPA está rompiendo la base de relacionamiento transfiriéndome a un tarifario público. Por una sencilla razón yo no puedo entrar a un trato similar al cliente peruano y cliente chileno que mueve muy poco por el puerto y, segundo, nosotros tenemos acordado la representación de esa carga y esa carga está sujeta a definiciones tarifarias con la parte de Chile, entonces que el día de mañana me apliquen un tarifario que no esté acordado, que no esté en un presupuesto, a nosotros, como entidad pública, nos impiden generar esas penalidades y entrar en esa relación con el privado. Entonces, nosotros estamos con toda la apertura de poder trabajar la parte tarifaria. Hemos siempre enviado notas y fue la EPA la que dejó sin efecto una cuarta acta donde estaban planteando un aumento de 10% para los siguientes años y nosotros estábamos interesados en suscribir esa cuarta acta. Tampoco puedo entrar en tarifario público, porque no somos una empresa y la EPA, con esto, está descartando que la ASP-B es un agente aduanero que representa al Estado boliviano que está en el puerto para el despacho de la carga.
¿Por qué cree que la EPA los ha encasillado como “un cliente más” y les avisó con pocos días de anticipación el cambio de modelo?
Para tomar esas decisiones arbitrarias se nota que no ha habido una respuesta a varias notas que nosotros hemos enviado para poder agendar un cronograma de trabajo. Eso es lo más importante para poder hacer cambios en el tarifario, presentar nuevos servicios. La EPA ha generado una información muy forzada, muy interesada en decir que con dos notas que me envió el 2 de julio y una llamada telefónica, él (Rodrigo Pinto) dice que ha invitado varias veces a la ASP-B cuando olvida y deja de explicar que el 8 de julio nosotros respondimos y le dijimos que estábamos de acuerdo en una reunión, pero que me ponga un temario y que si se podía agendar para la primera quincena de agosto. Nunca fue respondida la nota del 8 de julio, volví a mandar otra nota después de que se aplica el 5 de agosto el nuevo tarifario público y ahí le envié otra nota diciéndole que no me ha respondido sobre la nota en la que le propuse tener una comisión que trabaje este ajuste tarifario y también le hemos recordado, en varias notas, que el Tratado de 1904 habla de actos especiales que se deben dar para llegar a un acuerdo y estos tienen que ver con los trabajos acordados, definiciones acordadas para suscripción de actas, de compromisos que le den certidumbre al comercio exterior boliviano, pero esto ha sido tremendamente rápido.
¿Cuál es el daño que cree que ha sufrido el comercio exterior de su país con esta situación?
Han impuesto esta nota en que la base de relacionamiento ha caducado y que ahora la relación es con el concesionario, dejándonos en manos del operador, del monopolio de la empresa privada y no me da alternativas para nada. La mayoría de los puertos (chilenos) no aceptan monopolios, les he escuchado que la competencia es buena; en fin, pero aquí estamos sometidos a un operador y preocupados, porque la EPA le está transmitiendo la decisión de capturar carga, de definir un tarifario, de penalizar, de que la carga se quede, de que te exijan pago adelantado y ese es un daño flagrante al comercio exterior boliviano y un daño flagrante al Tratado de 1904, por lo tanto hay que analizar esta responsabilidad que está asumiendo este señor de EPA, el gerente, y habrá que ver y cuantificar el daño que se está ocasionando por estos días con la falta de despacho a los transportistas, un puerto que no atiende, que habla de deudas que no han sido consensuadas, una autoridad que está hablando y confundiendo que la ASP-B es una empresa cuando la ASP-B durante todo el tiempo que ha estado acá ha sido un representante, para el despacho de la carga, del Estado boliviano en base al Tratado.
¿ Usted como persona, como profesional, pero también por la dignidad del cargo que ostenta ¿se ha sentido maltratado dada esta situación?
Totalmente. Por lo menos, el relacionamiento que tenía con el señor Francisco González, y con el señor Iván Silva Focacci, siempre fue en ese marco de trabajo hasta este año 2019 en que este señor Pinto llega con otra forma de trabajo que lo ha expresado al decir que “aquí es otra EPA, otro puerto, aquí se hacen otras cosas, que se busca competitividad” y, la verdad, es que nosotros nunca hemos estado en contra de la competitividad. Más bien desde el 2015, hemos estado reclamando permanentemente por falta de despacho, por problemas que se tienen en el puerto, tengo todas esas notas y en la página de ASP-B también hay videos y la situación es que la misma concesionaria no ha visto el incremento del comercio que se ha dado por ese puerto. Ha sido impresionante el crecimiento en 2016 y 2017 y ahí la EPA debería haber impuesto una sanción, una penalidad a la TPA que ha perjudicado tantas veces, entonces ahí la competitividad la tenía que haber dado la EPA, pero el 2019 vienen y nos dicen “entiéndanse con el privado, este es otro puerto, aquí hay que buscar competitividad”.
Pero con González y Silva ustedes también tuvieron problemas…
Sí, pero la relación fue mucho mejor, porque cuando ellos quisieron asumir en 2016 el incremento del 10,72% se les recordó que faltaba la cuarta acta firmada y que ellos mismos la habían pospuesto, entonces siempre, a partir de ahí, había una reunión en La Paz, una reunión en Arica, había coordinación, pero con este señor gerente de EPA, él ya no acepta estar en La Paz, todo tiene que ser en Arica y hace declaraciones públicas señalando que nos ha invitado, que hay deudas que el gerente (David Sánchez) no suscribe descuentos, entonces yo creo que eso es lo bastante serio, bastante dificultoso. Sin embargo, estamos haciendo esfuerzos para llevar una propuesta el día de mañana (lunes 30 de septiembre) para salir de esta situación tensa que se ha dado, de este secuestro de carga, pero aún así estamos dando a conocer que hay disponibilidad de suscribir un incremento de 10% y, tal vez, encontrar acciones para en 2020 se ajuste nuevamente si es necesario, pero dentro de esa racionalidad que todos conocen en los puertos, pero nunca incrementos de 100%, porque eso no tiene sentido, no tiene lógica, es una locura.
¿TPA ha insistido en el despacho directo con tarifa 0 ¿Qué les parece a ustedes como ASP-B?
No es un porcentaje importante. Para este despacho directo no alcanza el 3 a 4% que se podía despachar. Segundo, hay una apropiación de denominaciones que parece no son las correctas, porque no es para directos, sino para rezagados, pero están tratando de influir y señalar que si hay despacho directo es cero, cuando sabemos que ese porcentaje no es el que se requiere. Nosotros ahora mismo estamos con un montón de contenedores y usted sabe que si no sale un contenedor, tenemos que pagar el demurrage a las navieras. Estamos con miles de contenedores que serán penalizados, hay varios trabajos que ya se acordaron con la EPA en cuanto a despacho de carga y, aunque fuera tarifa cero, tiene que acordarse y suscribirse un convenio para explicar qué porcentaje va a alcanzar ese beneficio, cuál va a ser la modalidad para acceder a ese servicio y que se aclare que no aparecerán servicios nuevos como los que ahora intentan aplicar como uno de 45 dólares en el que dicen, justamente, que si no es despacho directo se penalizará por el movimiento del contenedor y eso es una imposición que aparece en el nuevo Manual del concesionario apoyado por la TPA. La EPA impone que esté su TPA ahí cuando con ellos no tengo ninguna relación acordada jurídicamente y, por eso, no estoy de acuerdo en suscribir nada con la privada, sino con la EPA.
¿Cómo se dará la reunión de este lunes?
Estamos con el directorio de la ASP-B, pero hemos pedido que sea transparente, aunque ellos nos quieren limitar, nosotros estamos solicitando que, por lo menos, haya dos o tres privados que utilizan el puerto para que puedan, finalmente, conocer la verdad, que es lo que más nos interesa a objeto de que se esclarezca cuál es el criterio, cuál es la base de la EPA para cambiar este tipo de acuerdos que se han suscrito a través de actas.
Fuente: PORTAL PORTUARIO.
