El responsable de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez, informó que hay avances y que incluso había inicialmente la predisposición de dar una información conjunta entre los operadores de Estado
Por el momento hay cierta reserva en los avances en la negociación por las tarifas en Arica, sin embargo “la evaluación de esta jornada ha sido productiva”, informó el responsable de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), David Sánchez. Es más, dijo, que había intensión de dar una conferencia junto a la estatal Empresa Portuaria Arica (EPA).
Cerca de las 23.00, Sánchez dio algunos datos de la reunión y se animó a anunciar que este martes habrá una conferencia conjunta para dar solución a los cientos de transportistas parados en Arica a la espera de la entrega de carga de importación. “No nos vamos con el pesimismo de que no se trabajó, sino con el optimismo de que se avanzaron muchos temas”.
La concesionaria privada Terminal Puerto de Arica decidió unilateralmente incrementar las tarifas portuarias en 200% y ofreció a los usuarios bolivianos una disminución de 38%, que representaría un incremento de 102%. La contrapropuesta nacional es de un ajuste de 10%, siendo que ese porcentaje está en los rangos que estuvieron en el pasado.
No fue considerada la contrapropuesta. Para Sánchez, ahora hay avances importantes, pero optó por evitar dar mayores detalles de una reunión que se prolongó por varias horas.
“La evaluación de esta jornada ha sido productiva, se ha avanzado bastante, a tal punto que deseábamos ambas entidades dar la información, pero pensamos que mañana (martes) se podrá lograr esta declaración conjunta entre ambas entidades”, sostuvo en un contacto con la estatal Bolivia Tv.
Desde la administración de Evo Morales en todo momento se exigió una negociación entre Estados y no entre el Estado boliviano y la concesionaria TPA, ya que Bolivia no es un cliente más sino que en virtud al Tratado de 1904, firmada tras la guerra del Pacífico, tiene derecho al libre tránsito
Fuente: La Razón